Este fenómeno se agrava en localidades como Los Mártires y Santa Fe, donde operan redes de trata que aprovechan factores estructurales, como la pobreza, la falta de empleo, y el desarraigo, para atraer y controlar a las víctimas. La ineficiencia de las rutas se traduce en procesos burocráticos lentos y en un sistema de justicia fragmentado que, en lugar de proteger a las víctimas, puede incluso desmotivarlas de buscar ayuda. Como resultado, el problema sigue afectando a muchas mujeres cisgénero y requiere de una reforma en las políticas públicas de Bogotá, que incluya tanto la mejora de la capacidad de respuesta de las rutas como un enfoque preventivo y de sensibilización en derechos humanos.